Ecologistas en Acción ha denunciado “la pasividad de las administraciones públicas ante el desastre ecológico anunciado que está teniendo lugar en la piscifactoría La Leocadia, ubicada en pleno Parque Natural Bahía de Cádiz”, al no entender “que teniendo perfecto conocimiento desde hace meses del estado de abandono de esta piscifactoría, ni la Demarcación de Costas, que otorga la concesión de los terrenos de dominio público, ni la Junta de Andalucia, que otorga las autorizaciones para la explotación acuícola, hayan hecho nada. Sólo inspecciones a golpe de denuncias que han comprobado la gravedad de la situación… y poco más”, señala el colectivo en un comunicado.
“Tanto la Ley de Costas como el Decreto de la Junta que regula la piscicultura otorgan facultades a las administraciones para anular las concesiones o autorizaciones cuando se incumplan de forma grave, como es el caso, las condiciones de las mismas”, recuerdan.
Según los conservacionistas, “la Demarcación de Costas debería haber tramitado ya, y de forma urgente, la caducidad de la concesión que otorgó a Cultivos Marinos Integrales, cuyo actual titular es la empresa Proyet XXI Century, propietaria del ciudadano ruso Alexander Nazarov, por grave y reiterado incumplimiento de las condiciones de dicha concesión”.
La Consejería de Agricultura y Pesca “también debería haber aplicado de forma fulminante el artículo 24 del Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que se regula la acuicultura marina en Andalucía” y recuerda que “la Dirección General competente en materia de acuicultura marina, previa audiencia a la persona titular de la autorización, declarará extinguido el título administrativo cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: d) Cuando exista incumplimiento de las condiciones establecidas en la Resolución de autorización”. Más aún, este Decreto obliga al titular de la autorización a reponer el daño causado y faculta a la Junta a mantener la actividad tras la extinción de la autorización: “Extinguida la autorización de cultivos marinos con ocupación en dominio público será obligación de la última persona titular reponer a su cargo cualquier alteración que su actividad haya ocasionado al medio, y restaurar la zona a su estado natural, previo informe de la Administración Ambiental. No obstante, la Consejería competente en materia de acuicultura marina podrá proponer el mantenimiento de las obras e instalaciones… cuando estime conveniente mantener el uso acuícola de las instalaciones, por existir demanda en el sector y considerar que las instalaciones tendrían fácil aprovechamiento por un tercero”. ¿Por qué no lo hacen?”, se preguntan.
También denuncia Ecologistas en Acción “la pasividad mostrada por la Consejería de Medio Ambiente, que gestiona el parque natural, y de la Junta Rectora de este espacio protegido”, asegurando que “el escándalo de esta situación es mayor aún si se tiene en cuenta que esta empresa ha recibido sustanciosas subvenciones, que superan el millón de euros, de las administraciones públicas: Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y, sobre todo, del “Instrumento financiero de orientación a la pesca” de la UE.
Por último, entienden que “la desidia, cobardía o incompetencia de las administraciones responsables de estas concesiones y autorizaciones están llevando al parque natural a una situación límite, que puede agravarse más aún, pues todavía quedan 80.000 doradas que pueden correr la misma suerte que las 20.000 que ya han muerto por inanición o falta de oxígeno”, concluyen.
