El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abierto el plazo para solicitar ayudas directas destinadas a las empresas que prestan servicios de transporte por ferrocarril y/o por carretera, con el objetivo de paliar los efectos derivados del conflicto bélico en Oriente Próximo sobre el precio de los combustibles. En el caso del sector ferroviario, las ayudas alcanzarán los 15.000 euros por cada locomotora de tracción diésel y contarán con una dotación global de 3,15 millones de euros.
La medida forma parte del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, articulado a través del Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, de medidas urgentes en materia de transporte. Esta norma amplía las disposiciones ya recogidas previamente en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, con el fin de atender el impacto económico que el conflicto está generando sobre distintos sectores estratégicos.
La normativa establece un sistema de ayudas directas para las empresas ferroviarias afectadas por el incremento del precio del gasóleo, fijando una cuantía de 15.000 euros por locomotora con tracción diésel. El Ministerio ha habilitado desde hoy el procedimiento para la presentación de solicitudes, que deberá realizarse a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mediante los formularios específicos disponibles en dicha plataforma.
El Ejecutivo considera el transporte ferroviario un modo esencial dentro de la estrategia de movilidad sostenible y de reducción de emisiones. En este contexto, el incremento de los costes operativos asociados al encarecimiento de los carburantes está afectando especialmente al transporte ferroviario de mercancías, cuya competitividad depende en gran medida de la estabilidad de los costes energéticos.
El aumento del precio de los productos petrolíferos, derivado de la situación geopolítica en Oriente Próximo, ha tenido consecuencias directas sobre la operativa de las compañías ferroviarias que utilizan locomotoras diésel, especialmente en corredores de mercancías y servicios donde la electrificación no está plenamente implantada. Según Transportes, las ayudas pretenden compensar parte de este sobrecoste y contribuir a mantener la actividad en un contexto de volatilidad energética.
La apertura del plazo para solicitar estas subvenciones coincide con el nuevo marco temporal de ayudas aprobado por la Comisión Europea el pasado 29 de abril en respuesta a la crisis en Oriente Próximo. Este instrumento permite a los Estados miembros establecer mecanismos extraordinarios de apoyo económico adicionales a los regímenes habituales de ayudas de Estado, incluidos el reglamento de minimis y los reglamentos de exención por categorías.
El marco temporal aprobado por Bruselas contempla que las ayudas dirigidas a empresas de transporte ferroviario y por carretera puedan cubrir hasta el 70 % de los costes extraordinarios derivados del combustible, tomando como referencia un precio histórico determinado por cada Estado miembro sobre la base de índices reconocidos y criterios razonables.
Además, el régimen europeo establece que el importe nominal total de la ayuda concedida no podrá superar los 50.000 euros por empresa beneficiaria. Las medidas nacionales deberán ajustarse finalmente a las condiciones que establezca la Comisión Europea tras analizar las notificaciones remitidas por cada Estado miembro.
España ya ha comunicado formalmente a la Comisión Europea las medidas adoptadas en el marco de este sistema de ayudas y se encuentra a la espera de la correspondiente decisión comunitaria. El Ministerio de Transportes ha precisado que las subvenciones que se concedan quedarán sujetas a la adaptación definitiva que determine Bruselas respecto a la aplicación del marco temporal europeo.
La inclusión del sector ferroviario dentro de estas medidas responde también a los objetivos de cambio modal fijados tanto por España como por la Unión Europea. El transporte de mercancías por tren continúa teniendo una cuota reducida respecto a otros modos de transporte, especialmente frente a la carretera, y el aumento de costes energéticos supone un factor adicional de presión sobre las empresas ferroviarias.
El Gobierno busca con estas ayudas contener parte del impacto económico derivado de la coyuntura internacional y evitar una pérdida de competitividad del ferrocarril en un momento en el que las políticas europeas continúan orientadas hacia una mayor utilización de modos de transporte con menores emisiones.