El Puerto de Málaga ha iniciado el proceso de licitación para construir un nuevo Puesto de Control Fronterizo (PCF) con el que prevé responder al aumento sostenido del tráfico de mercancías procedentes de terceros países. La actuación, valorada en 8,49 millones de euros (IVA incluido), supondrá el derribo de un edificio industrial existente en el fondo del muelle 6, donde se levantará una nueva instalación con mayor capacidad operativa y un diseño funcional orientado a la eficiencia del servicio de inspección.
La decisión de acometer este proyecto se ha basado en la insuficiencia del actual PCF, en uso desde hace más de dos décadas en un edificio compartido con actividades pesqueras en el muelle 8. Según se recoge en la memoria justificativa que acompaña al expediente de licitación, la instalación actual presenta limitaciones espaciales y funcionales que afectan directamente al rendimiento del servicio, como ya ha sido reflejado por el Servicio de Control Oficial de Fronteras en su último informe de supervisión.
La nueva infraestructura se construirá sobre una parcela de 7.379 metros cuadrados íntegramente ubicada dentro del recinto portuario. El edificio, que contará con dos plantas y una superficie construida de 2.950 metros cuadrados, se ha diseñado atendiendo a los requisitos técnicos del servicio de inspección aduanera, sanitario y fitosanitario. La planta baja albergará las zonas de muelles, operaciones y servicios anexos, mientras que la planta superior se destinará a oficinas y dependencias administrativas.
Entre las principales novedades que introduce el proyecto figura la reorganización de los muelles de inspección, pasando de los tres actuales a un total de diez, y adoptando un modelo de “muelles por producto”, frente al habitual “muelles por inspector”. Esta distribución permite asignar a cada línea de trabajo un tipo específico de mercancía, lo que optimiza la circulación interna, reduce los tiempos de espera y mejora la trazabilidad de los lotes inspeccionados.
Cada muelle dispondrá de tres cámaras de almacenamiento con capacidad para albergar un contenedor completo: una a temperatura ambiente, otra refrigerada y una tercera para productos congelados. Esta configuración permitirá mantener las condiciones idóneas de conservación durante todo el proceso de inspección, especialmente en aquellos casos en que sea necesario prolongar la estancia de la mercancía para realizar controles adicionales.
El diseño arquitectónico contempla además circuitos diferenciados para los inspectores y los operadores del sector privado, con accesos separados, zonas higiénicas específicas, vestuarios y salas de inspección independientes. Esta distribución responde a criterios de bioseguridad y organización operativa, alineándose con las exigencias del marco normativo comunitario.
En el exterior, el proyecto incluye la urbanización completa de la parcela, con una explanada destinada a las maniobras del transporte rodado, una acera perimetral y un aparcamiento en superficie junto a la entrada principal del edificio. El edificio se construirá sobreelevado 1,20 metros para permitir el atraque a la altura operativa de los vehículos de carga.
Las empresas interesadas en participar en el proceso tienen de plazo hasta el 8 de agosto para presentar sus ofertas. El valor estimado del contrato asciende a 7.019.978 euros, y el plazo de ejecución establecido es de 18 meses a partir de la adjudicación.