El Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Barcelona se concentró el 2 de julio ante el Consejo de Administración de la entidad para trasladar su preocupación por el anuncio de posibles medidas de recorte que afectarían directamente a las condiciones salariales del personal sujeto a convenio colectivo. El origen del conflicto se encuentra en la interpretación que realiza la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre determinadas partidas salariales.
Según ha comunicado la dirección de la Autoridad Portuaria, pese a no compartir el contenido del informe de la IGAE, la entidad se plantea asumir sus conclusiones y presentar medidas correctoras antes de que finalice julio, incluso sin llegar a un acuerdo con la representación social. Este planteamiento ha generado alarma entre la plantilla.
El Comité de Empresa sostiene que el informe de la IGAE cuestiona conceptos salariales plenamente consolidados, recogidos en el convenio colectivo y en acuerdos de empresa vigentes desde finales de los años noventa. Los representantes de los trabajadores rechazan que el origen del problema sea responsabilidad de la plantilla y lo atribuyen a disfunciones en el propio sistema, derivadas del incumplimiento por parte del Gobierno central, a través del Ministerio de Hacienda, del III Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, aprobado en 2019 por el mismo ministerio. Según el comité, esta falta de actualización de las masas salariales desde 2023 ha generado una desviación ficticia que ahora se traslada como responsabilidad a la Autoridad Portuaria, cuestionando conceptos consolidados por parte de la plantilla desde hace más de 25 años en algunos casos.
Los representantes sindicales han puesto el conflicto en relación con los resultados económicos de la entidad. La Autoridad Portuaria de Barcelona cerró 2025 con una cifra de negocio de 206 millones de euros, de los que 14 millones se destinaron al sistema portuario estatal y 6 millones se abonaron a Hacienda en concepto de Impuesto de Sociedades. El comité señala como contradictorio que sea precisamente ese organismo recaudador el que ahora cuestiona las masas salariales del personal cuyo trabajo hace posible esa cifra de negocio.
Los representantes de los trabajadores han pedido al Consejo de Administración que no apruebe ninguna medida que suponga recortes salariales y que promueva, en su lugar, una aclaración de la situación con las autoridades competentes. Advierten de que una decisión en ese sentido afectaría a más de 400 trabajadores y sus familias, con una pérdida económica estimada en torno al 17,5% en algunos conceptos salariales por trabajador.
Ante este escenario, el Comité de Empresa ha anunciado un calendario de movilizaciones para este verano si no se revierte la posición de conflicto adoptada por la Autoridad Portuaria. La primera concentración ya está registrada para el 22 de julio, fecha en la que se celebrará el próximo Consejo de Administración y en la que el comité exige que no se apruebe ninguna medida de recorte salarial.
El conflicto se suma a las tensiones que arrastra el sistema portuario estatal en torno a la actualización de las condiciones laborales recogidas en el convenio colectivo sectorial, pendiente de aplicación plena desde 2019 en varias autoridades portuarias españolas.