La Organización Europea de Puertos Marítimos (ESPO) y 21 asociaciones europeas del ámbito comercial y empresarial han emitido una declaración conjunta en la que manifiestan su respaldo a la reforma aduanera propuesta por la Unión Europea (UE). Este proceso de modernización pretende reforzar la competitividad, la seguridad y la eficiencia de las operaciones aduaneras en las fronteras exteriores de la UE.
La declaración, publicada el 9 de diciembre, pone de relieve la necesidad de transformar las aduanas europeas en un sistema moderno, centralizado y armonizado. Las asociaciones firmantes consideran que la reforma es imprescindible para facilitar el comercio, proteger la economía europea y permitir la aplicación uniforme de la normativa aduanera en todos los Estados miembros.
Entre las principales recomendaciones de la declaración conjunta se encuentra la necesidad de completar la aplicación de la legislación actual del Código Aduanero de la Unión (UCC, por sus siglas en inglés) antes del 31 de diciembre de 2025. Este plazo, establecido por el artículo 278 del código, exige que los sistemas informáticos de la Comisión Europea y los Estados miembros estén plenamente operativos. No obstante, algunas autoridades nacionales han advertido que no podrán cumplir con esta fecha, lo que podría afectar la operatividad del comercio. Las asociaciones piden a la Comisión que garantice la disponibilidad de estos sistemas digitales y asegure la aplicación uniforme de las normas en todos los Estados miembros.
Otra de las propuestas clave es la creación de un Centro de Datos Aduaneros de la UE, una plataforma centralizada para la presentación de información aduanera a través de un único punto de entrada. Este sistema permitiría reducir la duplicación de datos, simplificar los procedimientos y disminuir los costes administrativos. Las asociaciones recalcan la importancia de garantizar la seguridad de los datos comerciales sensibles y adaptar los requisitos de información a los procesos logísticos de las empresas. Solicitan además una evaluación externa sobre la viabilidad, la efectividad y el impacto empresarial del Centro de Datos, así como su interoperabilidad con otros sistemas aduaneros internacionales, como el eTIR y el eATA.
Las asociaciones también apoyan la creación de una Autoridad Aduanera Europea (EU Customs Authority, EUCA) que garantice la aplicación armonizada de la normativa aduanera en todos los Estados miembros. Esta autoridad central facilitaría la interpretación uniforme de las normas, reduciría las cargas administrativas para las empresas y promovería procedimientos más eficientes y accesibles. Además, se propone que la nueva autoridad permita la participación activa de las empresas y los operadores económicos en los procesos de consulta, lo que facilitaría la adaptación de las normativas a las necesidades reales de los operadores logísticos y comerciales.
Otra de las medidas destacadas es la introducción de la figura del “Comerciante de Confianza y Controlado” (Trust and Check Trader), que permitiría a los operadores de bajo riesgo acceder a procedimientos aduaneros más ágiles y menos onerosos. No obstante, las asociaciones señalan que los beneficios propuestos para esta figura son limitados, por lo que piden que se amplíen y se ofrezca apoyo específico a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para que puedan acceder a esta categoría. Se sugiere además que esta figura esté vinculada al sistema de Operador Económico Autorizado (AEO) ya existente, para maximizar los beneficios para los operadores económicos.
Respecto a la responsabilidad y titularidad de los datos, la declaración conjunta expresa la necesidad de proteger a los operadores que transmiten información en nombre de terceros. Se subraya que estos operadores no deben asumir la responsabilidad por la exactitud de los datos proporcionados por otras partes. Las asociaciones critican la propuesta de hacer responsables a los representantes aduaneros indirectos de las obligaciones fiscales y no fiscales, señalando que esta medida implica una transferencia desproporcionada de riesgos. En su lugar, proponen que la normativa aduanera se alinee con las disposiciones de otras normativas relacionadas con la importación de productos, de forma que se defina claramente la responsabilidad de cada parte.
En cuanto a las infracciones aduaneras y las sanciones, las asociaciones proponen la armonización de las normas sobre sanciones no penales en toda la UE. Señalan que las sanciones deben aplicarse solo en casos de negligencia evidente o infracción intencional, y rechazan la aplicación de responsabilidad objetiva. Asimismo, piden una distinción clara entre las sanciones administrativas y penales, de forma que las sanciones penales se reserven para los casos más graves. Además, abogan por la armonización de los procedimientos de auditoría y defensa, para evitar discrepancias en la aplicación de las normativas entre los Estados miembros.
El almacenamiento temporal de mercancías es otro de los temas clave en la declaración conjunta. Las asociaciones expresan su apoyo a la posición del Parlamento Europeo de mantener el límite de 90 días para el almacenamiento temporal de mercancías, al considerar que este plazo es esencial para evitar ineficiencias operativas y cargas administrativas en los puertos. Se argumenta que esta medida resulta especialmente relevante para los modelos de transbordo marítimo, que son fundamentales para los importadores y exportadores europeos. Las asociaciones también proponen la posibilidad de que los operadores de confianza puedan solicitar una exención de garantía, con el fin de reducir las cargas financieras para los operadores logísticos.
La armonización de la normativa aduanera y otras legislaciones conexas es otro de los temas abordados en la declaración. Se hace un llamado a la alineación de la normativa aduanera con otras normativas nacionales y de la UE, especialmente en lo relativo a las prohibiciones y restricciones de ciertos productos. La falta de alineación genera distorsiones en el mercado único y diferencias de aplicación entre los Estados miembros, lo que perjudica la competitividad de las empresas. Del mismo modo, las asociaciones instan a la armonización de la normativa aduanera con la normativa sobre el IVA, para facilitar la recuperación del IVA de importación y combatir el fraude aduanero.
Por último, la declaración conjunta resalta la importancia de la participación activa del sector privado en el desarrollo de la reforma aduanera. La implicación de las asociaciones comerciales y empresariales se considera esencial para garantizar que las nuevas normas sean operativamente viables y beneficiosas para las empresas. Se subraya la necesidad de contar con un marco normativo aduanero que logre un equilibrio adecuado entre la facilitación del comercio y la seguridad en las fronteras exteriores de la UE.
El conjunto de asociaciones firmantes ha pedido a la Comisión Europea y al Consejo de la UE que tomen en cuenta estas recomendaciones antes de la adopción final de la reforma aduanera. Las entidades firmantes consideran fundamental que la reforma garantice una mayor competitividad para las empresas europeas y la eficacia operativa de los puertos europeos. La centralización de la gestión de los datos, la armonización de las normativas y la introducción de nuevas figuras como el «Comerciante de Confianza y Controlado» se presentan como oportunidades clave para modernizar el sistema aduanero europeo y reducir las barreras operativas para las empresa
