La dirección de Navantia y los representantes de los trabajadores han alcanzado esta madrugada un principio de acuerdo para el nuevo convenio colectivo que abarcará el periodo 2022-2027. Tras casi un año de negociaciones, desde los astilleros de la Bahía de Cádiz se considera que el documento es «satisfactorio», según declaraciones del presidente del comité de empresa de Navantia en Cádiz, José Antonio Bolaños.
El preacuerdo contempla medidas que afectan a todos los colectivos incluidos en el convenio, con especial énfasis en la promoción profesional, la política salarial y el modelo de clasificación laboral, un aspecto señalado como prioritario por los representantes sindicales. Para los sindicatos, este convenio supone una revalorización de los puestos de trabajo, especialmente para jóvenes y empleados con titulaciones superiores que percibían salarios cercanos al mínimo interprofesional pese a cumplir varios años en la empresa.
El documento propone establecer un salario más acorde con las responsabilidades y cualificaciones de los empleados, cumpliendo así con una de las demandas más reiteradas durante las negociaciones. Bolaños confía en que los astilleros gaditanos ratifiquen el acuerdo en la votación prevista para el 17 de diciembre, donde participará toda la plantilla de Navantia a nivel estatal.
No obstante, el preacuerdo no está exento de discrepancias. Aunque ocho de los trece representantes de los centros de Navantia en España han votado a favor del documento, persisten divisiones en algunos centros. A pesar de ello, Bolaños se ha mostrado optimista respecto al respaldo mayoritario en la votación global.
Por su parte, Navantia ha destacado en un comunicado que este nuevo convenio garantiza estabilidad y fortalece la plantilla para afrontar los retos actuales, en un periodo caracterizado por una alta carga de trabajo en las áreas de Construcción Naval, Sistemas, Reparaciones y Servicios, así como en Energías Verdes a través de Navantia Seanergies.
El proceso de negociación, que ha ocupado todo el año 2024, ha estado acompañado de diversas acciones de protesta por parte de los sindicatos, incluyendo paros, huelgas y solicitudes formales de mediación al Gobierno. La última de estas iniciativas fue una carta dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para solicitar su intervención en el proceso.
La votación del 17 de diciembre será decisiva para determinar la entrada en vigor de este convenio, que los actores implicados consideran clave para el futuro de la empresa y su plantilla.
