La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Tamara Capeta, ha avalado recientemente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos, pero ha solicitado la anulación del acuerdo pesquero. Su argumento, según EFE, se basa en que el acuerdo comercial trata el territorio del Sáhara Occidental y las aguas adyacentes como «separados y distintos» de Marruecos, mientras que el acuerdo pesquero no sigue este criterio. Aunque las conclusiones de la Abogada General no son vinculantes, suelen ser tomadas en cuenta por el TJUE en sus sentencias.
Por otro lado, Capeta ha pedido que los productos como melones y tomates originarios del Sáhara Occidental incluyan en su etiquetado una mención explícita de su «país de origen», reflejando su procedencia de dicho territorio y no de Marruecos. Esta solicitud se alinea con la necesidad de proporcionar información «correcta, neutral y objetiva» en el etiquetado de los productos alimenticios.
Respecto al acuerdo comercial, la UE y Marruecos firmaron en 2019 un pacto para ampliar el trato arancelario preferencial a los productos del Sáhara Occidental. El Frente Polisario, representando al pueblo saharaui, solicitó la anulación del acuerdo alegando que no se respetaba el derecho a la autodeterminación. Aunque el Tribunal General anuló inicialmente la decisión del Consejo, la Abogada General ha discrepado de esta decisión, señalando que la UE no está obligada a obtener el consentimiento directo del pueblo saharaui para aprobar el acuerdo.
En cuanto al acuerdo pesquero, Capeta ha pedido anular la decisión en la que se basa el acuerdo entre la UE y Marruecos por no considerar al Sáhara Occidental y sus aguas como «separados y distintos» de Marruecos, lo cual, según su opinión, viola el principio de autodeterminación. Además, esta falta de diferenciación podría afectar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a disfrutar y beneficiarse de sus recursos naturales, incluidos los pesqueros.
Estas conclusiones representan un paso significativo en el reconocimiento y protección de los derechos del pueblo del Sáhara Occidental, y ponen de manifiesto la complejidad de las relaciones comerciales y diplomáticas. La decisión final del TJUE, que tendrá en cuenta estas recomendaciones, se espera con gran interés.