Los últimos accidentes laborales ocurridos en navieras españolas han llevado a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO a denunciar la situación generada como consecuencia de la liberalización del transporte marítimo en la UE.
Según el sindicato, algunas compañías recurren a la contratación de trabajadores extracomunitarios, mientras que otras, optan por abanderar sus flotas en países extranjeros, buscando eludir las regulaciones laborales más estrictas. Este fenómeno no es exclusivo de España, sino que es un reflejo de una tendencia global donde la competencia en el mercado se basa en el dumping social, es decir, la reducción de costos laborales a expensas de los derechos de los trabajadores. Christian castaño, portavoz de CCOO.
A pesar de los esfuerzos de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la implementación del Convenio Marítimo de 2006, que busca establecer condiciones laborales mínimamente aceptables, desafíos clave persisten. Aspectos como la jornada laboral, los periodos de descanso, las vacaciones o la seguridad social son frecuentemente obviados, especialmente por armadores y estados con pabellones de conveniencia.
En España, la contratación de personal marítimo a través de agencias de embarque y la falta de supervisión efectiva por parte del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Transportes resultan insuficientes para verificar las condiciones de empleo. Esto afecta tanto a los trabajadores extracomunitarios como al personal español en buques con bandera de conveniencia. En consecuencia, los marinos se encuentran en una situación de indefensión, siendo los más afectados en la cadena laboral marítima, según el sindicato.
La responsabilidad de prevenir accidentes recae indudablemente en los armadores, pero también en las navieras, por lo que, para CCOO resulta crucial que se tomen medidas efectivas para garantizar que las vidas y la seguridad de quienes trabajan a bordo no estén en riesgo constante. La industria necesita una regulación más estricta y una implementación más rigurosa de las normativas existentes para proteger adecuadamente a los trabajadores marítimos, según el sindicato.