El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno acciones concretas en apoyo a los puertos de la región frente a la implementación del sistema de control y tasación de emisiones de dióxido de carbono de la Unión Europea (ETS). Paralelamente, ha pedido que se transmita la posición de la Junta de Andalucía a la Comisión Europea.
Aunque el Gobierno andaluz respalda el Pacto Verde Europeo y las metas de descarbonización de la economía, incluido el transporte marítimo, subraya la importancia de una legislación equilibrada que evite repercusiones negativas. En este sentido, aboga por una moratoria que permita al sector marítimo adaptarse adecuadamente a las nuevas normativas, además de fomentar medidas para salvaguardar la actividad portuaria.
Entre las acciones propuestas, se encuentra la armonización con la Organización Marítima Internacional (OMI), con el fin de que las políticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se apliquen globalmente y eviten la fuga de carbono. Esto contribuiría a que las empresas navieras se enfoquen en soluciones sostenibles, en lugar de buscar alternativas logísticas más rentables en otros lugares. Asimismo, se busca prevenir distorsiones en el mercado y la creación de paraísos de carbono.
Otra sugerencia es la neutralidad económica, buscando un trato equitativo en la gestión de emisiones en puertos cercanos al espacio marítimo europeo, y medidas de la Comisión Europea para mitigar efectos colaterales no deseados.
Se plantea también la posibilidad de solicitar compensaciones por pérdida de competitividad y tráfico, apoyos para renovar flotas hacia opciones más sostenibles, incentivos para infraestructuras de energía limpia en puertos, y asignaciones gratuitas que reduzcan la incertidumbre de los costos, facilitando una adaptación más gradual.
La aplicación de la normativa ETS en el sector marítimo genera preocupación en el ámbito portuario andaluz debido a posibles incrementos en los costos de exportación, impacto en la actividad portuaria y el empleo. Además, se teme que la pérdida de conectividad disminuya la competitividad y la seguridad, aumentando la dependencia de terceros países en la cadena logística.
Para el Gobierno andaluz, es crucial una regulación mejorada que disminuya los efectos adversos, como el desplazamiento de emisiones de carbono y la disminución de la competitividad de los puertos europeos, evitando así la distorsión de la competencia y la pérdida de conectividad.
En Andalucía, los puertos son vitales como generadores de riqueza y empleo, siendo puntos clave en las cadenas logísticas y el transporte. Representan alrededor del 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones regionales, lo que equivale al 53% del comercio exterior español con la UE y al 96% con países fuera de la Unión.
El transporte marítimo es un sector crítico en el comercio exterior de la UE, representando aproximadamente el 75% en volumen y el 31% del comercio interno. Anualmente, 400 millones de pasajeros utilizan los puertos de los estados miembros, incluyendo unos 14 millones en cruceros. Por ello, mantener un terreno de juego equilibrado es esencial en este mercado altamente competitivo.