Los representantes de la Coordinadora de Trabajadores de los Puertos del Principado de Asturias (CTPPA) en las empresas estibadoras de los puertos de Gijón y Avilés han tomado la decisión de reanudar el diálogo con las empresas estibadoras, transitarias y consignatarias del Principado de Asturias debido a la situación crítica que atraviesa la negociación del convenio colectivo. Este convenio, que lleva caducado doce años, ha resultado en una notable disminución de los salarios para cientos de familias, ya que no se ha ajustado al aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a lo largo de todos estos años.
En una reunión reciente, los representantes sindicales se propusieron redirigir las conversaciones del convenio colectivo y poner fin a esta prolongada situación de incertidumbre económica. En ese sentido, han solicitado una reunión con las empresas para el próximo miércoles, 27 de septiembre. Además, han expresado el deseo de que esta reunión cuente con la presencia directa de los empresarios, en lugar de delegar en sus asesores, como ha sido la práctica hasta ahora. También han instado a las empresas a presentar una propuesta concreta sobre la jornada laboral, uno de los aspectos clave para la actualización del IPC que la Coordinadora está buscando.
Cabe recordar que, después de las elecciones sindicales en noviembre de 2022, la Coordinadora obtuvo la representación necesaria para reabrir la mesa de negociación del convenio colectivo de las empresas estibadoras, transitarias y consignatarias del Principado de Asturias. Sin embargo, según Jonatan Granado, coordinador de Zona Norte por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de los Puertos (CETP), presente en la reunión, «ha pasado casi un año desde entonces y las posiciones siguen siendo muy distantes».
El sindicato ha presentado diversas vías de negociación e incluso una fórmula de revalorización del IPC de los últimos doce años para impulsar la negociación del convenio. Aunque la fórmula fue inicialmente bien recibida por la patronal, se estableció como condición una modificación sustancial de la jornada laboral, pasando de la jornada actual de lunes a viernes, de 8 a 17 horas, a una jornada de siete días a la semana, 24 horas al día. Sin embargo, la patronal no ha profundizado en esta solicitud ni ha presentado propuestas concretas ni contraprestaciones.
Granado señala que «consideramos que esta situación es insostenible y que las cientos de familias que trabajan para estas empresas ya han soportado suficiente durante los últimos doce años. No podemos seguir tolerando la inmovilidad de la patronal».
La Coordinadora espera avanzar hacia una solución justa y equitativa para los trabajadores, y advierte que, en caso contrario, se tomarán otras medidas por parte del sindicato.