El Puerto de Sevilla se enfrenta al bloqueo de la entrada y salida de barcos debido a la huelga emprendida por la mayoría de los Prácticos del puerto, que exigen un incremento salarial del 40%, equivalentes a unos 190.000 euros al año. Esta situación ha llevado a la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) a presentar una denuncia ante la fiscalía y a iniciar un expediente sancionador contra el colectivo por paralizar un servicio público.
El Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto y la Federación Española de Prácticos han expresado su apoyo a la Autoridad Portuaria y desaprueban las acciones de los prácticos del Puerto de Sevilla. En un comunicado, la APS insistió en la «necesidad de restablecimiento en su totalidad» del servicio de practicaje, debido al «impacto» que la huelga está causando al tejido empresarial y a la actividad portuaria.
La APS ha criticado la actitud de la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y de la Ría del Guadalquivir, que, a pesar de la tensa situación, ha asegurado mantener la prestación del servicio. Sin embargo, el organismo ha recordado que mantiene coordinación con Puertos del Estado, Dirección General de la Marina Mercante, Capitanía Marítima y Delegación del Gobierno en Andalucía para buscar una solución al conflicto.
La controversia se agudizó cuando, pese a las alegaciones presentadas por la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir SLP, la APS aprobó un nuevo pliego para la prestación del servicio de practicaje. La Corporación de Prácticos manifestó su «rechazo expreso» a la última prórroga aprobada por la Autoridad Portuaria, insistiendo que cualquier prórroga debe cumplir con el derecho, en línea con la sentencia 487/2022 del Tribunal Supremo.
En medio del conflicto, la APS ha iniciado un expediente sancionador a la Corporación de Prácticos y de la Ría del Guadalquivir por «infracción grave» y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía. «Este colectivo ha decidido no prestar el servicio como medida de presión ante la exigencia de una subida salarial del 40%», afirmó la APS en un comunicado, agregando que la posible sanción podría ascender a tres millones de euros.
El procedimiento también contempla una indemnización por los daños y perjuicios causados por la paralización de la actividad. A pesar de la solicitud formal de la APS a la Corporación de Prácticos para la continuación de la prestación del servicio, la cual está sujeta a obligaciones de servicio público, la petición ha sido ignorada por el colectivo de prácticos.