Los prácticos del Puerto de Sevilla han emitido un comunicado acusando a la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) de rechazar de forma rotunda una reunión propuesta para discutir una solución a la suspensión del servicio, consecuencia, según su interpretación, de la última prórroga aprobada por la Autoridad para el servicio.
Este comunicado llega tras una serie de alegaciones formuladas tanto por la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir SLP, como por el Colegio Oficial Nacional de Prácticos de Puerto, a las cuales la APS parece haber hecho caso omiso. A pesar de las protestas, la APS aprobó un nuevo pliego para la prestación del servicio de practicaje en el Puerto de Sevilla.
El 12 de febrero, la APS extendió el plazo de servicio, una decisión que, según los prácticos, se tomó de forma «unilateral y sin contar» con su participación. Esta prórroga se extendió hasta el 14 de mayo.
De acuerdo con el nuevo pliego, publicado en el BOE número 46 el pasado 23 de febrero, se anunció la licitación para una nueva licencia. Sin embargo, al no presentarse ninguna oferta, el concurso quedó desierto el 20 de abril.
La tensión aumentó el pasado viernes 12 de mayo cuando, una vez más, la APS acordó una nueva prórroga de dos años, de nuevo «unilateral y sin contar» con la Corporación de Prácticos. En respuesta a esta decisión, la Corporación expresó su rechazo expreso a la prórroga aprobada.
La Corporación de Prácticos ha insistido en que cualquier prórroga debe estar en conformidad con la ley, en línea con la sentencia 487/2022 del Tribunal Supremo. Además, han asegurado que, «en todo momento», han ofrecido todos sus recursos humanos y materiales para que el servicio de practicaje «pueda seguir prestándose bajo la responsabilidad directa de la Autoridad Portuaria de Sevilla». A pesar de esto, sus propuestas parecen haber caído en oídos sordos.