Convalidado el RDL para garantizar que el transporte por carretera trabaje a un precio justo

Además, incluye ayudas directas de más de 450 millones de euros al sector del transporte terrestre para paliar los efectos negativos del alza de los carburantes

El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte que articula las medidas de apoyo al transporte de mercancías por carretera para garantizar que los transportistas trabajen a un precio justo, además de habilitar un nuevo paquete de ayudas de 450 millones de euros. El texto, además, incluye otras cuestiones de índole técnico y de seguridad en el ámbito marítimo y aéreo, que garanticen una mejor calidad de servicio a los usuarios del transporte, y permitan mejorar la seguridad de tripulaciones y pasajeros.

El Real Decreto Ley convalidado incluye las medidas acordadas con el sector para mejorar las relaciones en la cadena de transporte, encaminadas a avanzar en la sostenibilidad económica del transporte de mercancías por carretera, asegurando una rentabilidad mínima del trabajo y una utilización justa de la subcontratación.

En este sentido, el texto legal recoge disposiciones para que el precio del transporte cubra los costes individuales incurridos por el transportista efectivo, en aquellos supuestos en los que se producen los mayores desequilibrios en la negociación. También recoge obligaciones para que se refleje por escrito el precio del transporte y los costes individuales efectivos asumidos por el transportista.

Al respecto, se incluye un nuevo régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriores, con sanciones de hasta 4.000 euros.

Además, se establece que el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación del transporte terrestre de mercancías a acordar entre Mitma y el sector que recoja compromisos para el establecimiento de niveles máximos de subcontratación.

Este Real Decreto-ley recoge un nuevo paquete de ayudas directas a las empresas de transporte terrestre de mercancías y pasajeros debido a la alta dependencia del precio del combustible de este sector estratégico.

La línea, dotada con más de 450 millones de euros, se distribuirá por número y tipo de vehículo atendiendo a su tipología: vehículos pesados de mercancías (1.250 euros por vehículo), vehículos ligeros de mercancías (500 euros por vehículo), autobús (950 euros por vehículo), ambulancia (500 euros por vehículo), autobús urbano (950 euros por vehículo), taxis y VTC (300 euros por vehículo) y locomotoras diésel (15.000 euros).

Valoración de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España

Fenadismer ha valorado “muy positivamente” la convalidación del RDL, destacando que esta medida es pionera en todo el ámbito de la Unión Europea, ya que ningún otro Estado miembro tiene una regulación similar en el sector del transporte por carretera dirigida a proteger al último eslabón de la cadena de transporte, esto es, al transportista efectivo.

«En todo caso debe quedar claro que no se trata de imponer unas tarifas obligatorias por la prestación de servicios de transporte, ya que eso vulneraría la legislación nacional como europea en materia de libre competencia, sino lo que viene a determinar es la prohibición de que se impongan unos precios por la realización de un servicio de transportes que no permitan cubrir los costes de explotación de dicho servicio», apuntan desde Fenadismer.

Dado que el acuerdo de convalidación del Decreto-Ley incluye su conversión en proyecto de ley posibilitará introducir enmiendas durante su tramitación parlamentaria, aunque el contenido del Decreto-Ley es de plena aplicación desde su aprobación. Por ello, Fenadismer instará la mejora de la regulación en lo relativo a la contratación por debajo de costes, para que incluya tanto a los servicios de transporte individuales como a los transportes continuados, que han quedado excluidos del régimen sancionador en caso de incumplimiento. Hay que tener en cuenta que su carácter innovador obligará en el futuro a ir mejorándola en base a su aplicación práctica, como así ocurrió con la Ley de Cadena Alimentaria en el sector agrario que desde su aprobación en 2013 hasta la actualidad ha sido objeto de al menos cuatro modificaciones legales posteriores.

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