Más de 28.000 hogares de la provincia de Cádiz disfrutan del Bono Social impulsado por el Gobierno para paliar la pobreza energética, según los últimos datos de Endesa. De ellos, 14.277 son clientes vulnerables y cuentan con una rebaja del 60% en la factura de consumo eléctrico, y 13.766 son clientes vulnerables severos, para los que el Gobierno establece una reducción del 70%. Este incremento de los descuentos estará vigente hasta el 31 de marzo de 2022, pasada esta fecha, las reducciones volverán a ser del 25% para los clientes vulnerables y del 40% para los vulnerables severos.
Según los datos de solicitudes de Bono Social gestionadas por Endesa durante 2021 se ha registrado un aumento en el número de peticiones de este beneficio en comparativa con el año anterior. De esta forma, a cierre del año pasado, los clientes vulnerables han aumentado un 12% y los vulnerables severos un 13%, lo que supone un incremento del número de beneficiarios de un 13% en términos generales.
En total, en Andalucía hay 210.653 clientes de Endesa con Bono Social, el 49% considerados como vulnerables y el resto vulnerables severos.
Las familias que disfrutan de este Bono Social tendrán que volver a solicitarlo cada dos años desde su contratación, para verificar que siguen cumpliendo los criterios de asignación fijados por el Gobierno. En el caso de las familias numerosas, el plazo de renovación estará supeditado a la validez del título de familia numerosa.
Para evitar que los beneficiarios olviden realizar este trámite de renovación, Endesa se pone en contacto con sus clientes antes del vencimiento del plazo para que puedan gestionarlo con antelación y sigan percibiendo estos descuentos.
Para optar al Bono Social es imprescindible ser cliente de una comercializadora de referencia (como Energía XXI), ser el titular de un contrato con la tarifa eléctrica PVPC y tener una potencia igual o inferior a 10 kW en la vivienda habitual, además de cumplir otros requisitos específicos.
El Bono Social es un descuento en la factura de la luz regulado por la legislación vigente que tiene el objetivo de proteger aquellos hogares considerados vulnerables por sus condiciones socioeconómicas. Aunque quien lo tramita es la comercializadora de referencia, el Gobierno español es quien lo asigna, una vez verifica el cumplimiento de los criterios. El ahorro sobre la factura que percibe el cliente, lo asume económicamente la comercializadora y, en este sentido, facilita el pago de las facturas de los colectivos más desfavorecidos. Además, los beneficiarios del Bono Social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores (un periodo de 4 meses desde la primera notificación de impago, frente al plazo general de 2 meses).
Continuidad en el suministro
Además, la normativa protege también aquellos hogares vulnerables que, a pesar de acogerse al Bono Social, no puedan pagar la factura. En ese sentido, la Ley del Sector Eléctrico estipula que no se puede interrumpir el servicio en una vivienda en la que haya, al menos, un menor de 16 años en la unidad familiar, o en la que el titular o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III. En estos casos los clientes deberán dirigirse a los servicios sociales para que emitan el correspondiente documento de acreditación de la situación y posteriormente presentarlo en su comercializadora de referencia.