Continúa la preocupación en el colectivo de transitarios que opera en el puerto de Algeciras tras conocerse recientemente la moratoria de sólo dos meses que ha concedido el Ministerio de Sanidad para comenzar a aplicar la normativa por la que se impide la entrada de mercancías de origen vegetal con aditivos sin contar con los certificados digitales de origen que especifiquen qué clase de estos agregados se han utilizado en el transporte para su conservación, lo que supone un grave contratiempo para estas empresas.
El Estrecho Digital ha tenido acceso a la carta que desde ATEIA Oltra Bahía de Algeciras (Asociación de Transitarios, Expedidores Internacionales y Asimilados de la Bahía de Algeciras) se ha remitido a distintas administraciones, desde la propia Autoridad Portuaria, pasando por el Gobierno de la Junta de Andalucía hasta el central que comanda Pedro Sánchez, en la que detallan el varapalo que supone para toda la comunidad portuaria estas exigencias, además de recordar que nuestro país es el único del continente que paraliza el tránsito de estos alimentos para su revisión o los estragos derivados de la carencia histórica de infraestructuras que padece estas instalaciones portuarias.
Con fecha del 10 de junio, el escrito firmado por el presidente de la asociación, Manuel Cózar, recoge lo siguiente:
“Nuestra asociación, ATEIA Oltra Bahía de Algeciras, está compuesta por 52 empresas transitarias, en las que trabajan de forma directa unos 1.000 trabajadores.
De nuestra actividad se genera una sinergia que abarca a más de 5.000 personas, contando con toda la cadena logística y organismos públicos que intervienen en las diferentes actuaciones, necesarias para su desarrollo.
Desde hace muchos años y debido a los grandes esfuerzos, dedicación, inversiones privadas, grandes sacrificios y apoyo de nuestra Autoridad Portuaria, toda nuestra comunidad empresarial ha conseguido, sin tener infraestructuras dignas y muy necesarias, impulsar tráficos de import / export de productos perecederos, en los que hay que resaltar, sobre todo, las importaciones de Latinoamérica.
A día de hoy, somos el referente del sur de Europa, por el rápido crecimiento que se está produciendo y eso lo demuestran los porcentajes de los últimos años.
Teniendo en cuenta, y reitero, la falta de infraestructuras que sufrimos históricamente y que durante años nos ha relegado a que nuestro puerto solo fuera conocido en el ámbito internacional, por el transbordo de contenedores.
En estos momentos, en los que se han conseguido inversiones de nuevas navieras, que han demostrado una apuesta importante y que, como resultado de ello, se está consiguiendo un impulso tremendo a los tráficos reefer de perecederos contenerizados. Y las estadísticas así lo demuestran.
De nuevo, nos encontramos con una varapalo enorme, que no sólo paraliza este desarrollo, sino que puede que estos tráficos se desvíen a otros puertos europeos que son los verdaderos competidores de España en estas operaciones, por la forma que tenemos tan peculiar de aplicar las normativas, en lo que respecta a la sanidad exterior.
España es el único país de la Unión que paraliza las mercancías en frontera para inspeccionar los alimentos, ya que el resto dejan pasar todas las mercancías por sus puertos hasta los almacenes reguladores de los importadores propios o subcontratados, para ser revisados.
Esto nos genera bloqueo de las terminales, paralizaciones de los contenedores, acumulación de expedientes en los puestos de inspección fronteriza y en muchos casos demoras que producen deterioros de los propios productos y, por lo tanto, perdiendo la única ventaja que disfrutamos a día de hoy, que no es otra cosa que nuestra situación geográfica que nos proporciona que los buques lleguen con una diferencia de casi una semana, en la mayoría de los casos.
Pero, si no somos ágiles en las gestiones, se producen unas pérdidas económicas enormes a todos los componentes de la cadena logística, pero sobre todo a los productores de origen. Y por ello, la antelación a su llegada se disipa y no sirve para nada.
Por lo que lo fácil, cómodo, más barato y menos problemático para ellos es que elijan otros puertos, principalmente, los de los Países Bajos, que son más laxos y permeables a la hora de tratar estas importaciones.
De ahí, la concentración de los tráficos en los puertos Amberes, Rotterdam y Hamburgo. Y ya estamos observando, desde hace tiempo, el crecimiento brutal de los puertos portugueses.
De no tomar cartas en el asunto de forma decidida, meditada y sobre todo con el ánimo de que no perdamos estos tráficos, estamos abocados a que todo el esfuerzo y trabajo, de cientos de personas que durante años hemos luchado para este desarrollo comercial, se vayan por la borda definitivamente.
Está claro que el cliente que se va no vuelve, sobre todo después de sentirse maltratado.
En el caso que nos ha llevado a esta última crisis, que estamos padeciendo ahora, por la forma de aplicar la normativa sanitaria, sobre los aditivos, nos jugamos que todos los proyectos que están encima de la mesa, para la creación de plataformas logísticas de tratamiento de perecederos, que nos conviertan en el referente del sur de Europa, se vayan al traste.
Que se aplique un reglamento de una forma taxativa, sin dar tiempo, al suficiente margen de maniobra necesario, para que los productores de todos los alimentos afectados de forma directa, como son la piña, yuca y chayote. No se puedan adaptar a la misma, es firmar la pena de muerte de estos tráficos.
Sobre todo, cuando ya sabemos positivamente que el resto de puertos europeos, anteriormente mencionados, ya están avisando a los grandes exportadores de que ellos, los trataran de forma consecuente con la situación que sufren en España, para que no sufran perdidas económicas por los rechazos que aquí se van a producir.
Por todo lo expuesto, solicitamos encarecidamente que se restablezca la moratoria, pero ampliada a algo más de dos meses, o, por el contrario, que se agilicen los trámites con carácter de urgencia, para que los países productores implicados en este incidente puedan presentar el resultado de los estudios e investigaciones que supondrían la aceptación de la Unión Europea de los aditivos cuestionados que, como no aparecen en la norma, no están autorizados y por lo tanto rechazados, aunque no sean dañinos para la salud.
Y en todo caso, incidir en que el Gobierno de España exija el mismo trato a las mercancías en todo el ámbito de la comunidad, para que, de una vez por todas, podamos competir en igualdad de condiciones.
Confiamos plenamente en sus gestiones por el bien de nuestra comunidad portuaria y por los intereses de Andalucia y España que esta crisis está poniendo en juego”.
