El Gobierno de Asturias ha iniciado este miércoles las consultas previas del Plan de Adaptación al Cambio Climático de los Puertos Autonómicos, previstas en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. El objetivo general del documento es adecuar las infraestructuras portuarias a los retos que plantea el calentamiento global del planeta y garantizar, de este modo, su operatividad en el futuro.
Según ha informado el Principado en nota de prensa, el ámbito de actuación del plan incluye los 24 puertos e instalaciones portuarias de la red autonómica, que son, de oeste a este, los de Vegadeo (Castropol Sur), Castropol, Figueras, Tapia, Viavélez, Ortiguera, Navia, Puerto de Vega, Luarca, Oviñana, Cudillero, San Esteban de Pravia, San Juan de la Arena, Llumeres, Bañugues, Luanco, Candás, Tazones, El Puntal, Lastres, Ribadesella, Niembro, Llanes y Bustio.
De acuerdo con las proyecciones disponibles y los distintos escenarios probables de emisiones de gases de efecto invernadero, los impactos de la variabilidad climática más relevantes en la actividad de estos puertos serán el aumento del nivel medio del mar, que puede llegar a 60 centímetros a final de siglo, y la mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos, como tormentas y temporales. Estos fenómenos se traducirán en una mayor probabilidad de rebase del oleaje en los diques, la inundación de instalaciones, y el incremento de la agitación del agua en las dársenas, con el consiguiente efecto negativo en las actividades portuarias.
El plan evaluará el nivel de riesgo al que están expuestos en la actualidad los puertos y el incremento del mismo, producido por los impactos del clima, con dos horizontes temporales: 2050 y 2100. Los factores a valorar serán el crecimiento de la inversión necesaria para la reparación de los daños causados en las infraestructuras, instalaciones y equipamiento por inundación costera, aumento del oleaje o la precipitación; la subida de los costes de mantenimiento, y la reducción de ingresos por parada operativa a causa del aumento de la precipitación, viento, temperatura, agitación, rebase o indisponibilidad del francobordo mínimo, entre otros.
En función del nivel de riesgo climático estimado para cada puerto, el plan propondrá una serie de medidas para su reducción por debajo de los límites admisibles, con arreglo a un análisis coste-beneficio a corto, medio y largo plazo. Las medidas incluirán desde refuerzos de las estructuras de abrigo a la relocalización de determinadas actividades, pasando por dragados, reorganización o refuerzo de atraques, generación de energías renovables, implantación de sistemas de alerta temprana o mejora de la eficiencia energética de las instalaciones.
Aunque el periodo de vigencia del plan se ha fijado en 10 años, el análisis de los riesgos se actualizará con mayor periodicidad para aplicar el mejor conocimiento disponible sobre el alcance de los impactos climáticos. El Gobierno prevé la aprobación definitiva del plan en el mes de julio.