Abierta la audiencia pública sobre el proyecto de real decreto para la entrada y estancia de los buques en las aguas marítimas españolas

El plazo marcado para recabar la opinión de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por esta norma finaliza el próximo 17 de marzo

La Dirección General de la Marina Mercante ha abierto audiencia pública sobre el proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento de autorización de entrada y estancia de los buques de las aguas marítimas españolas y del despacho de buques.
Según se recoge en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, «la Administración marítima española debe llevar a cabo el control de la situación, del registro y del abanderamiento de todos los buques civiles españoles, así como la regulación del despacho, sin perjuicio de las autorizaciones previas que correspondan a otras autoridades (artículo 263.c). A ello se suman las atribuciones relativas a la ordenación y el control del tráfico marítimo en las aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción (artículo 263.g)».
Por otro lado, «con la finalidad de asegurar el respeto a las normas relativas a la dotación de los buques civiles a efectos de seguridad se encuentran las funciones de registro y control del personal marítimo civil, la composición mínima de las dotaciones, la determinación de las condiciones generales de idoneidad, profesionalidad, y titulación para formar parte de las dotaciones de todos los buques civiles españoles (artículo 263.i). Finalmente, se atribuye al capitán marítimo la función concreta de autorización o prohibición de entrada y salida de buques en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, así como el despacho de buques, sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones previas que correspondan a otras autoridades (artículo 266.4.a)».
El plazo marcado para hacer las aportaciones que habilitan la participación pública y recabar la opinión de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por esta norma finaliza el 17 de marzo de 2021.
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