El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha respondido a las críticas lanzadas desde el Partido Socialista a la Junta de Andalucía por el supuesto retraso que, de nuevo, van a sufrir las obras de mejora de la línea férrea Algeciras-Bobadilla, como consecuencia de la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental.
Landaluce ha mostrado su agradecimiento por el interés del parlamentario andaluz y ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, y del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, por el desarrollo de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, dentro del gran proyecto del Ramal Central de los Corredores Mediterráneo y Atlántico que conectarán el puerto de Algeciras con la frontera francesa.
Landaluce ha indicado que “nadie duda de que cualquier campogibraltareño y cualquier político de nuestra provincia que alguna vez haya ocupado un puesto de responsabilidad defiende la importancia de esta vía para el progreso de nuestro país, por lo que no voy a entrar en debates estériles que nos desvíen siquiera un segundo del objetivo que es remar todos juntos para la consecución de la renovación, mejora y electrificación de la vía. De hecho, agradezco profundamente que los socialistas reconozcan de facto y al fin que en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 solo hay 35 millones para la Algeciras-Bobadilla. Un debate absurdo menos, trabajemos juntos para que se invierta más”.
“Soy plenamente consciente de que, a pesar de que el señor Ruiz Boix no pudo participar por cuestiones de agenda ni en la reunión preparatoria del 27 de noviembre ni en la constitución de la Red de Ciudades “Ramal Central” del pasado 21 de enero, para San Roque y su alcalde esta es una prioridad absoluta”, ha manifestado el regidor algecireño.
El primer edil de Algeciras ha reiterado que “si alguien quiere confrontar posiciones en una comarca en la que todos defendemos lo mismo puede hacerlo, pero a mí me encontrarán para compartir ideas y esfuerzos junto a los alcaldes de Valladolid, Madrid, Córdoba, Zaragoza o Sevilla que es lo que nos piden los vecinos, especialmente en estos momentos de pandemia y crisis socioeconómica. Cada nota de prensa tirándonos los trastos se celebra en otras zonas de España, no lo consintamos más”.
Evaluación medioambiental
Según la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica por la que se formula informe de impacto ambiental de sometimiento a evaluación ambiental ordinaria del proyecto «Electrificación del tramo Bobadilla-Ronda (Málaga-Cádiz)», publicada en el BOE del 27 de abril, es este organismo el competente para decidir si un proyecto se debe someter a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o no por tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Para meditar su decisión, dicha dirección general pide informes no vinculantes a otras 30 entidades entre otros ministerios, la Junta de Andalucía, ayuntamientos, asociaciones ecologistas, etcétera. Landaluce ha incidido en que “independientemente de los informes descriptivos, quien toma la decisión es el Ministerio de Transición Ecológica como única Administración competente en este ámbito”.
Tal y como figura en la resolución del Ministerio, entre esos informes descriptivos hay uno de la Delegación Territorial de Málaga que indica que hay evaluar las medidas correctoras y que considera insuficientes las medidas salvapájaros contempladas.
En este mismo sentido, se pronuncia la Secretaría General de Biodiversidad y Medio Natural del Ministerio de Transición Ecológica que alega que podrían verse “afectados los hábitats de interés comunitario” y destaca riesgos de electrocución, colisión, atrapamiento y atropello de la fauna protegida, solicitando la realización de diversas prospecciones antes de las actuaciones al objeto de valorar e implementar las necesarias medidas preventivas y correctoras.
Por el contrario, se recoge, por ejemplo, el estudio de la Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía que indica que, considerando que el proyecto prevé determinadas medidas preventivas y correctoras y el PVA descrito en el documento ambiental y en particular en el capítulo específico de RN2000, “no son previsibles efectos apreciables sobre los objetivos de conservación de la ZEC/ZEPA Lagunas del Campillo”.
Landaluce ha aclarado que “lógicamente los técnicos de una y otra administración informan, pero la decisión favorable o desfavorable es de la Dirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica que puede coincidir con una postura, con la otra o, incluso, determinar la suya propia como órgano competente para decidir en la materia. Desgraciadamente, el Ministerio optó por negar la evaluación ambiental simplificada en base a los informes del propio Ministerio y de la Delegación Territorial de Málaga y rechazando la opinión de la Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía que la consideraba suficiente”.
Finalmente, el alcalde ha explicado que “no tiene sentido responsabilizar a los señores Jiménez Barrios o Ruiz Boix de la decisión tomada por los socialistas en Madrid, estoy convencido de que hubiesen querido que fuese otra. Lo que espero es que nos dejemos de excusas y mirar qué papel firma alguien del PP y cuál otro del PSOE y nos pongamos, entre todos, a hacer valer la importancia estratégica de esta red para el progreso de nuestro país”.