La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo, ANESCO, ha dejado patente su preocupación por la situación que se genera, a partir de ahora, en el sector de la estiba como consecuencia del último informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la propuesta del V Acuerdo Marco del sector.
Las empresas consideran que las objeciones de la CNMC crean incertidumbre y falta de seguridad jurídica lo que perjudica a la competitividad, así como a las inversiones, tráficos y trabajadores.
ANESCO afirma haber demostrado a lo largo de los años que su compromiso con la negociación colectiva y el deseo de alcanzar acuerdos con los sindicatos es innegable y constante, y prueba de ello es que es la única asociación empresarial que forma parte de la comisión negociadora del V Acuerdo Sectorial Estatal desde el convencimiento del valor del diálogo social.
La Patronal de la estiba insiste en que desde la sentencia del TJUE que modificaba el modelo de la estiba en los puertos españoles, ha participado en la búsqueda de soluciones consensuadas con Gobiernos, partidos políticos y organizaciones sindicales para garantizar su correcta aplicación y en este sentido, a lo largo de los últimos meses y con el objetivo de adaptar las recomendaciones hechas hasta en tres ocasiones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al borrador del V Acuerdo sectorial estatal consensuado el pasado 25 de noviembre de 2019, ha participado constructivamente en numerosas reuniones y encuentros técnicos, en los que se han conseguido importantes avances, a pesar de la extrema complejidad del proceso.
ANESCO no obstante, y a pesar de todos los esfuerzos, considera que la CNMC sigue realizando observaciones que impiden que se cumpla lo establecido en la cláusula suspensiva del V Acuerdo sectorial estatal acordado, al no darse las condiciones de legalidad y seguridad jurídica necesarias para su entrada en vigor y por ello, cree que en este momento las Administraciones públicas deben tener una participación más activa en el proceso para encontrar, junto a las organizaciones sindicales, una solución que sea compatible con el respeto absoluto a la legalidad vigente.