Más de 1.300 vehículos pagados por la Unión Europea (UE) van a vigilar las costas de Marruecos dentro del programa de «control de fronteras», y los primeros, ya han comenzado a llegar. Serán un total de 1.113 vehículos, en su gran mayoría coches todoterreno, más 227 motocicletas los que garantizarán el control de las costas, que suman 3.500 kilómetros contando el litoral del Sáhara Occidental, aunque los más sensibles son los 512 del Estrecho y el mar Mediterráneo, por su mayor proximidad a España.
La cooperación migratoria entre la UE y Marruecos ha dado discretamente un vuelco en el año 2019 para centrarse en objetivos estrictamente policiales, según personas que siguen de cerca la cooperación con el país norteafricano en los últimos años y que ponen de relieve que los programas de asistencia e integración a los emigrantes han pasado a segundo plano.
Los programas europeos están financiando no sólo el parque rodado, sino también lanchas semirrígidas, drones, radares, sistemas de comunicación de radio y un sofisticado equipo informático, que participan también del control de las costas, según los documentos disponibles.
UN COSTOSO DESPLIEGUE
Marruecos siempre ha argumentado que el control de las costas y el consiguiente despliegue de 13.000 hombres (sumando agentes de la Marina Real, la Gendarmería, la Policía y las Fuerzas Auxiliares) le cuesta «más de 200 millones de euros anuales», según dijo a Efe en 2018 Jalid Zeruali, director de Migraciones y Vigilancia Fronteriza.
Los vehículos destinados al control fronterizo están siendo proporcionados por las dos entidades que gestionan los 140 millones de ayuda acordados por la Unión Europea a fines de 2018 dentro de su Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África
El despliegue, que ahora parece estable y continuado, genera una serie de necesidades logísticas para la tropa que también van a ser cubiertas por la UE. Marruecos comenzó solicitando el dinero para hacer su propia gestión de gastos, pero la parte europea contestó que prefería que Rabat presentara una lista con sus necesidades concretas. Esa lista comenzó siendo muy larga, e incluía demandas como helicópteros y barcos de vigilancia, aunque los europeos les hicieron ver que eso se llevaría el grueso del presupuesto y que valía más diversificarlo en productos menos costosos.
Los vehículos destinados al control fronterizo están siendo proporcionados por las dos entidades que gestionan los 140 millones de ayuda acordados por la Unión Europea a fines de 2018 dentro de su Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África.
Estas entidades son la española Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP, pública), que gestiona una partida de 44 millones de euros, y el Centro Internacional para el Desarrollo de una Política Migratoria (ICMPD, siglas en inglés, organismo semipúblico basado en Viena y Malta), con una partida de unos 40 millones.
En el caso de FIIAPP, solo el suministro a Marruecos de 384 vehículos (de ellos «230 todoterrenos tropicalizados») con servicio de mantenimiento incluido tendrá un coste de 26,01 millones de euros. Se encuentra «en fase de resolución», según fuentes de FIAPP.
En enero próximo la fundación fallará la licitación por otros 200 todoterrenos (la mitad automáticos y la otra mitad «tipo pick-up»), con un coste de 13,31 millones, además de cinco embarcaciones semirrígidas, todo ello a entregar en el puerto de TangerMed.
Más rápida ha sido la gestión con el ICMPD, que ya ha comenzado a entregar a Marruecos su propio lote de 192 vehículos que incluyen «120 vehículos policiales polivalentes» suministrados por la casa FIAT a principios de diciembre.
Llama la atención que en este lote de ICMPD la licitación negociada con Marruecos habla abiertamente de la entrega de «26 minibuses o vans de transporte de emigrantes en situación irregular», junto a «26 minibuses de transporte de personal» que visiblemente son distintos.
El ICMPD tiene todavía pendiente sacar una nueva licitación para otros 337 vehículos para Marruecos (70 monovolumen, 60 todoterrenos y 72 van, entre otros) y 227 motocicletas, tras un primer intento que anuló por no cumplir las empresas los requerimientos exigidos.