Ni siquiera se han cumplido dos meses desde la aprobación del Real Decreto Ley que parecía que daba por zanjada la reforma de la estiba en España, impuesta desde 2014 por la Unión Europea, y en Bruselas aún sigue coleando una problemática que ha mantenido en jaque durante todo este periodo a más de 6.000 familias en todo el país, una tercera parte del Campo de Gibraltar, que realiza sus labores en el puerto de Algeciras.
Según recoge EL CONFIDENCIAL en su edición de este jueves, desde la Comisión Europea aseguran que no pueden “concluir en este punto si es compatible con la legislación de la Unión Europea”, poniendo de nuevo en tela de juicio si las variaciones introducidas por el Gobierno español en el reglamento está en sintonía con las normas que rigen para todo el continente.
A tenor de la información desvelada por este diario digital, hasta el Ejecutivo han llegado alegaciones por parte de algunos actores, lo que pone en duda la idoneidad o no del nuevo acuerdo «actualmente hay varias quejas pendientes que deben evaluarse a la luz de la nueva legislación”, explica a El Confidencial una fuente del Ejecutivo comunitario, que señala también que la Comisión mantuvo “intercambios abiertos y constructivos” con el Gobierno español mientras éste diseñaba el proyecto de ley.
Desde el Ejecutivo español se aprobaron algunas medidas, entre ellas, una ayuda pública de 120 millones de euros para las prejubilaciones de los estibadores, además de asegurar la subrogación de los mismos o la implantación de los centros portuarios de empleo, sin embargo, parece que aún restan por concretar algunas cuestiones para enterrar definitivamente una negociación que ya acumula más de cinco años y que no termina de ver su final.