Los delegados de personal de los remolcadores de la Bahía de Algeciras denuncian que, con la entrada en vigor el próximo 24 de marzo de 2019 del reglamento de la Unión Europea 352/2017, sin la imposición por parte del Estado español de la reserva de bandera, se va a ocasionar un grave perjuicio socio laboral al colectivo de remolque.
Este reglamento recoge la posibilidad de imponer un requisito de bandera de los Estados miembros, que ya aplican países como Francia y Alemania para garantizar la legalidad laboral del país, respetando tanto los principios de la libre competencia como las obligaciones en el ámbito de la normativa social y laboral que se aplican en el Estado miembro. La sorpresa para los trabajadores españoles es que, a menos de dos meses de la entrada en vigor del reglamento, el Gobierno no se ha pronunciado al respecto, ni consta anuncio alguno de licitación para imponer un requisito de bandera. La única información, sin poder confirmar su veracidad – señalan los trabajadores – son los comunicados de CC.OO y UGT en los que la representación del sector de remolque es irrelevante.
Los trabajadores de Remolcadores Bahía de Algeciras, reunidos en asamblea, han ratificado las decisiones acordadas en la pasada asamblea de la Plataforma de Trafico Interior, representada por más del 80 % del colectivo de remolque a nivel nacional, que advierte «de la paralización de la actividad en la Bahía de Algeciras si el España no aplica la reserva de bandera nacional y evita, así, el de abanderamiento de los remolcadores portuarios en países extranjeros, lo que conllevaría la aplicación de la legislación laboral del país enarbolado, destrozando las condiciones socio laborales y de seguridad marítima que existen actualmente, escapando al control del Estado la cualificación y formación del nuevo personal, provocando pérdidas de empleo y precariedad laboral a un colectivo que cuenta con más de 1500 empleos directos en el sector».
Los trabajadores del remolque aseguran no estar en contra de la libre competencia ni de que ejerza su derecho al mercado laboral cualquier trabajador sea cual sea su nacionalidad, siempre y cuando sea en virtud del cumplimiento de la normativa social y laboral del país, sin que haya una competencia desleal.