La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha criticado la Ley de Seguridad Ciudadana española, conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, y ha recomendado que llevar a cabo una «prohibición explícita» de las devoluciones sumarias y expulsiones colectivas de migrantes interceptados en las fronteras de Ceuta y Melilla.
En una carta dirigida a los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y el Senado, Pío García-Escudero, Mijatovic considera que «estas enmiendas a la Ley de Extranjería no brindan garantías claras contra las devoluciones y las expulsiones colectivas» de personas migrantes, así como garantías «adecuadas» para el derecho de asilo, «independientemente de la forma en que lleguen a territorio español».
En este sentido, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa aconseja «encarecidamente» que se imponga a las autoridades la obligación de proporcionar «sin demora» a la Guardia Civil «una orientación clara y obligatoria sobre cómo actuar de conformidad con las normas internacionales de Derechos Humanos al interceptar a los migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla».
A su juicio, tal orientación debe comprender una «prohibición explicita» de las devoluciones sumarias y expulsiones colectivas de migrantes, así como las garantías procesales que deben respetarse, «incluido el derecho a ser identificado, a evaluar las necesidades de protección internacional, acceso a un intérprete, un abogado y asistencia médica según corresponda; y un recurso efectivo para impugnar cualquier violación de la Convención Europea de Derechos Humanos de la que las personas afectadas podrían alegar ser víctimas».
Por otro lado, Mijatovic insta al Parlamento a garantizar que la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana elimine las posibilidades de una interferencia «desproporcionada» con los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Finalmente, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa concluye diciendo que agradecería a Pastor y García-Escudero que se aseguren de que «todos» los miembros del Congreso de los Diputados y de la Senado reciben una copia de la carta.