Como cada 21 de noviembre, desde 1998, se celebró el Día Mundial de la Pesca, con el fin de llamar la atención sobre la importancia de una gestión internacional adecuada de la pesca, para asegurar poblaciones sostenibles y ecosistemas oceánicos saludables. En esta ocasión, estuvo centrada en el fortalecimiento de la lucha contra la trata y el trabajo forzoso en el sector pesquero.
El Convenio número 188 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), puesto en vigor el 16 de noviembre de 2017, contribuye a mejorar las condiciones de trabajo del sector pesquero, en particular de los 38 millones de los enrolados en la pesca de captura, una de las ocupaciones más peligrosas del mundo.
La OIT reconoce que aún cuando en muchos buques existe un buen trato a la tripulación, con demasiada frecuencia los pescadores enfrentan prácticas de empleo informal, trabajo en zonas remotas y los peligros que entrañan las labores en el ambiente marino.
Considera además preocupantes, situaciones como el trabajo forzoso, la trata de personas y la explotación de los trabajadores migrantes en la pesca a nivel mundial, frente a leyes y normas supuestamente para proteger a los pescadores pero que no son claras o no existen.
EN ESPAÑA. Nuestro país ha celebrado el Día Mundial de la Pesca pendiente de desafíos inmediatos como la prohibición de los descartes para todas las flotas desde el 1 de enero, la negociación del “Brexit”, la ratificación del acuerdo UE-Marruecos o el objetivo de alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible en la mayoría de las pesquerías.
Estos son los “principales desafíos” en palabras de la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, quien ha remarcado a Efeagro el trabajo “intenso” del Ejecutivo y el sector para “tratar de minimizar los efectos negativos” que puedan llegar a tener.
El objetivo, según Villauriz, es compatibilizar la sostenibiliad de las pesquerías con el mantenimiento de una actividad pesquera económica y socialmente sostenible.
La obligación de desembarcar las especies con TAC (Total Admisible de Cuotas) y cuotas en el Atlántico, y con talla mínima de conservación en el Mediterráneo, supone una nueva etapa para el sector que acaba con la práctica de tirar por la borda los peces no deseados; comenzó a implantarse en algunas pesquerías en 2015, pero ya se amplía a todos los caladeros.