El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en el Campo de Gibraltar, Miguel Alberto Díaz entiende que la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de incoar expediente a sindicatos y organizaciones empresariales, por una presunta infracción del artículo 1 de la LDC y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al haber rubricado el llamado “Acuerdo de Estabilidad en el empleo para la actividad del amarre y desamarre de buques en el Puerto Bahía de Algeciras”, puede conculcar la libertad de las partes y el derecho a la negociación colectiva recogidos en el estatuto de los trabajadores y la Constitución Española.
“se van a llevar a cabo todas las acciones necesarias, empezando por adoptar medidas jurídicas que ya se encuentran en manos de la asesoría del sindicato a nivel Confederal”
Díaz afirma que, “el acuerdo al que se llegó, se alcanzó ante una situación tan grave como la que se estaba produciendo en el puerto de Algeciras, con una movilización permanente al ver peligrar sus puestos de trabajo y la actividad económica por la que han vivido tantos años”.
El responsable sindical insiste en que “se trata de un sector (el del amarre) que ha impulsado el crecimiento del puerto” y por ello, “se van a llevar a cabo todas las acciones necesarias, empezando por adoptar medidas jurídicas que ya se encuentran en manos de la asesoría del sindicato a nivel Confederal”.
La CNMC mantiene también la incertidumbre sobre su resolución acerca del acuerdo del sector de la estiba que propició el final del conflicto laboral que estiubadores y empresas mantenían en el puerto de Ageciras y que permitió desatascar la situiación, ante los problemas generados por el Real Decreto Ley de reforma de la estiba, planteado por el Gobierno como consecuencia de la reclamación de los tribunales eurpeos. Una decisión que se espera conocer en breve y que podría ser de nuevo un detonante de un conflicto que se encuentra aún sin resolver de forma definitiva, a falta de que el Ministerio de Fomento haga público el reglamento de descuelgue del RDL.