El presidente de la Federación de Asociaciones Pesqueras de Andalucía, Pedro Maza, ha mantenido en el Congreso de los Diputados un encuentro con los parlamentarios socialistas de Andalucía, al objeto de hacerles llegar el malestar del sector pesquero con la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión Europea en referencia al Mediterráneo, la cual podría ocasionar graves perjuicios a una flota ya muy deteriorada. En total, este nuevo reglamento afectaría a unos 60 barcos del área del Estrecho de Gibraltar.
Los responsables del sector consideran que la propuesta de la Comisión pretende trasladar al litoral Mediterráneo las mismas medidas que ha implantado en los planes plurianulaes para las pesquerías del Mar del Norte y parece que no ha tenido en cuenta algunas características que hacen del Mediterráneo un mar distinto a otros donde faena la flota comunitaria.
El Mediterráneo es un mar con 22 países ribereños de los cuales sólo ocho pertenecen a la Unión Europea y, por tanto, la Política Pesquera Común solo se puede aplicar en el ámbito de esos ocho Estados Miembros. Ello hace difícil poder armonizar cualquier tipo de regulación para las pesquerías y las poblaciones de peces, moluscos o crustáceos que la conforman, ya que la mayoría de esas poblaciones son compartidas con los países ribereños donde no se va a aplicar una regulación emanada de la Unión Europea y donde prevalecen sus normas estatales por encima de cualquier otra.
Concretamente, en el Mediterráneo Occidental, que es la zona objeto de la propuesta de reglamento, están implicados Estados Miembros (España, Francia e Italia) y los Países Ribereños (Marruecos, Argelia y Túnez). En esta zona la flota de arrastre de fondo no comunitaria supone el l0,3% del total de la flota de arrastre de fondo y, por tanto, tiene una incidencia directa sobre las poblaciones de peces, crustáceos y moluscos que también explota la flota comunitaria.
Además, entre otras cuestiones, la propuesta contempla el cierre temporal del caladero, prohibiendo el uso de las redes de arrastre entre el 1 de mayo y el 31 de julio de cada año, lo que se considera desproporcionado por el sector, teniendo en cuenta que la normativa europea y nacional ya establece suficientes garantía técnicas para evitar el arrastre sobre fondos sensibles del Mediterráneo.
Ante éstas y otras exigencias de la propuesta comunitaria, los parlamentarios socialistas se han comprometido ante el sector a solicitar una comparecencia inmediata de la ministra del ramo, a la vez que presentarán mociones en los ayuntamientos de los municipios afectados, en apoyo al sector pesquero.