La Asociación `Somos Tarifa´ ha asegurado, en una nota de prensa, que el problema de los vertidos en Tarifa y, más en concreto, en la zona de Los Lances, se viene produciendo desde hace más de 20 años y que, a pesar de haber presentado denuncias ante las consejerías de Medio Ambiente, de Salud y Consumo, Ayuntamiento y juzgados, nunca se obtuvieron resultados que determinaran una acción/solución al respecto.
El colectivo recuerda que, después de “un largo trámite burocrático, tampoco una sentencia de la UE (2011) surte efecto. En Tarifa, se prefirió callar esta situación irresponsable para no “alarmar” la llegada de turistas sin percatarse, o no queriéndose percatar, que se engaña y se pone peligro la salud de todos”, indica su coordinadora, Rosmarie Hennecke-Gramatzki.
“Los únicos que tuvieron el coraje de defender el medioambiente y en consecuencia la salud de todos fueron los ecologistas, que, indica, a los que desde siempre las “autoridades” tachaban de “alarmistas” cuando decían verdades”, reitera.
“Consideramos –manifiesta- que, además de no solucionar el tema de vertidos fecales desde hace más de 20 años, se empeoró la ordenación del municipio de modo irracional, sin depuración, con problemas de escasez de agua y pretendiendo ahora seguir con éste ritmo insostenible”, denuncian
La asociación indica que, “tanto en el 2006-2007-2009 se realizaron preguntas parlamentarias en relación a este vertido ante la Comisión Europea y que la última la realizó esta Asociación a través del eurodiputado de Los Verdes datada en septiembre 2017, donde la Comisión indica ser consciente de la situación y ha tomado medidas por estar provocando daños al medio ambiente y poniendo en peligro la salud de los ciudadanos. Tarifa es una de las 37 aglomeraciones urbanas que vierten aguas residuales urbanas y el Tribunal de Justicia de la UE resolvió en el 2011 que España no estaba aplicando la directiva sobre el tratamiento de aguas residuales. En el 2013 emplazó a España a garantizar que la citada sentencia se había ejecutado plenamente y la información al respecto puso de manifiesto que la situación de 17 aglomeraciones urbanas en cuestión, incluida Tarifa, seguía sin resolverse. Por ello, la Comisión decidió llevar a España ante el Tribunal por segunda vez.
