El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas ha presentado este martes a la Junta de Portavoces de la Cámara autonómica los informes encargados al bufete de abogados ‘Gómez Acebo & Pombo’ y a ‘RBB Economics Spain’ que respaldan jurídica y económicamente la posibilidad de que el Estado imponga como obligación de servicio público a las navieras que operan entre la ciudad autónoma y Algeciras la de ofrecer cada día un viaje de ida y vuelta a precios reducidos, concretamente a 15 y 20 euros por pasajero o vehículo y trayecto, tasas portuarias incluidas.
La consejera de Hacienda del Ejecutivo ceutí, Kissy Chandiramani, ha sometido al criterio de la Junta de Portavoces los pasos que ahora dará la Administración autonómica ante el Ministerio de Fomento y la Dirección General de la Marina Mercante para materializar esta nueva obligación, presumiblemente a través de un Real Decreto, según ha apuntado en declaraciones a los medios.
Los dictámenes recibidos interpretan que el «anormalmente bajo» nivel de ocupación de los barcos que unen Ceuta con Algeciras, de entre un 20% y un 22% en el caso del pasaje y de entre un 16% y un 30% en el de los vehículos, responden a «la decisión de las navieras de conservar horarios y derechos de pasaje» y no lastran su cuenta de resultados, pues obtienen «beneficios extraordinarios» en la línea marítima, «muy superiores» a un beneficio empresarial teórico del 8,5%.
Los expertos contratados también han refrendado que los precios actuales «son absolutamente desproporcionados en comparación con los practicados en el resto de las líneas entre puertos españoles» o en líneas de navegación de ámbito internacional en Europa. Entre sus conclusiones se apunta que solo la existencia de «una demanda cautiva» y de algún tipo de «acuerdo expreso o tácito» puede explicar una política de oferta «disparatada» como la existente.
La línea marítima entre Ceuta y Algeciras se declaró de interés público hace diez años y ahora el Gobierno de la Ciudad aspira a exigir «el establecimiento de una tarifa máxima en una de las rotaciones que cada operador está obligado a prestar». Dichos precios máximos serían de 15 euros por trayecto para pasajeros y de 20 para vehículos, con tasas incluidas pero sin computar la bonificación del 50% para residentes en la localidad norteafricana.
Según los informes recabados, la propuesta no limitaría el número o variedad de operadores en el mercado, no restringiría su capacidad para competir y tampoco recortaría los incentivos para hacerlo, pues «la variable precio no es una sobre la que los operadores desarrollen estrategias competitivas diferenciadoras».