Anesco insta al diálogo y solicita ayuda al Gobierno ante la nueva jornada de paros

La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) apela a la responsabilidad de las organizaciones sindicales para que retomen el diálogo, desconvoquen las huelgas anunciadas, cesen las acciones que ha calificado como «huelgas ilegales selectivas encubiertas» y garanticen la estabilidad del sector durante las negociaciones.

Los empresarios del sector de la estiba insisten en que, «al margen de los periodos de huelga oficialmente convocados, se continúan produciendo intencionadas bajadas de rendimientos a diferentes compañías, para presionar ilegalmente a la representación empresarial». La patronal exige el cese inmediato de estas acciones coactivas y la intervención de las Administraciones Públicas (Ministerio de Fomento, Inspección de trabajo y Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) para que velen por el cumplimiento de la legalidad vigente.

Anesco recuerda que, tanto en las diferentes reuniones celebradas con las organizaciones sindicales como en los comunicados públicos de las últimas semanas, ha ofrecido la garantía en el empleo y el mantenimiento de sus condiciones a los trabajadores actuales de las SAGEP. «No debe ser, por tanto, la petición de subrogación convencional el motivo de las convocatorias de huelga, ni de las diferentes medidas de presión, puesto que es aceptada por la representación de las empresas», insiste Anesco en un comunicado, en el que aclara que «no existe acuerdo en relación a la subrogación de los futuros trabajadores que se incorporen el día de mañana a la profesión de estibador portuario, ya que el compromiso de garantía en el empleo y el mantenimiento de las condiciones actuales no puede alcanzar a trabajadores que todavía no lo son». Así ha sido manifestado en todas las reuniones e igualmente se recoge en la propuesta de mediación, en el anexo del aprobado y convalidado Real Decreto Ley 8/2017 y en el borrador de Real Decreto que desarrollará reglamentariamente dicha Ley.

La patronal considera que la propuesta sindical presentada la pasada semana en la reunión de la comisión negociadora en relación al compromiso de obligar a permanecer en las actuales SAGEP a las empresas asociadas de Anesco e incrementar la obligatoriedad legalmente establecida de contratar al 75% de los trabajadores actuales, «podría vulnerar, tras estudio de la asesoría legal, el derecho a la competencia, ya que podría restringir la libertad de empresa y podría ser considerado como un pacto entre competidores e incluso incumplir la aplicación efectiva de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Por este motivo, no es viable que Anesco suscriba las pretensiones sindicales ya que «podría acarrear inasumibles responsabilidades personales y empresariales. Las posibles sanciones por adoptar este tipo de acuerdo pueden ascender al 10% de la facturación de cada una de las compañías, junto a multas individuales a cada persona física interviniente de hasta 60.000 euros».

Por último, Anesco ha propuesto abrir simultáneamente la negociación puerto a puerto para definir las mejoras operativas que se deben implementar, según lo pactado, para mantener la competitividad de los puertos españoles en el mercado marítimo internacional. Esta cuestión ha sido rechazada por las organizaciones sindicales, por lo que no es sencillo avanzar en el diálogo. «Debe corresponder a la empresa titular de la licencia de servicio portuario de manipulación de mercancías, en su condición de empleadora, la dirección, organización y control de la actividad laboral de los trabajadores portuarios», insiste Anesco, ya que así está legislado en el Estatuto de los Trabajadores, en el convenio colectivo estatal y, de hecho, ocurre en el resto de los sectores económicos. Sin embargo, la práctica habitual en los puertos españoles no permite que las empresas puedan decidir libremente la composición de los equipos de trabajo necesarios para cada actividad, por lo que existen insostenibles situaciones de sobredimensionamiento y de falta de competitividad.

La patronal de la estiba solicita la ayuda del Gobierno para solucionar el conflicto generado con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2017 que da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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