La secretaria de estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, ha comparecido este martes en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde ha respondido a las preguntas planteadas por la senadora andaluza Maribel Mora respecto al proyecto de dragado del río Guadalquivir, que supone una de las amenazas más severas para Doñana.
Su Parque Nacional, reconocido también como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra amenazado tanto por las intenciones gubernamentales de dragar el río Guadalquivir como por los cuatro proyectos de almacenamiento de gas que, sin un informe de impacto acumulativo, se están desarrollando actualmente.
A las preguntas planteadas por la senadora Mora, la secretaria de estado ha evitado dar respuestas concluyentes.
Respecto al dragado del Guadalquivir, María García ha reconocido que el último proyecto, que pretendía profundizar en más de 100 kilómetros el cauce del estuario para permitir la navegación de grandes cruceros hasta Sevilla, no se va a realizar, tras el informe negativo del propio Tribunal Supremo. Sin embargo, la secretaria de estado no ha querido comprometerse a que el Gobierno no ponga en marcha nuevos planes para dragar el cauce del emblemático río andaluz, una iniciativa que cuenta con la posición contraria de organismos internacionales y de las organizaciones ecologistas.
En palabras de la senadora Mora, “es terrible que por querer que lleguen hasta Sevilla cruceros de gran calado se ponga en riesgo Doñana, la joya más preciada de Andalucía”. La única certeza que ha manifestado este martes María García es que el proyecto, tal y como fue rechazado por el Supremo, no se realizará. Sin embargo, no ha asegurado, por más que ha sido requerida a ello, respecto a la posibilidad de que un nuevo proyecto con objetivos similares pueda ver la luz en un futuro próximo.
Interpelada, también por Maribel Mora, respecto a la falta de un informe acumulativo de impacto sobre los cuatro proyectos de almacenamiento de gas en Doñana, la secretaria de estado se ha amparado en que los informes presentados se han realizado de acuerdo a la normativa vigente y que, por tanto, el informe acumulativo que diversos organismos reclaman no es necesario.