La Guardia Civil de Cádiz ha investigado en El Puerto de Santa María a dos ciudadanos chinos por supuestamente comercializar en una tienda de alimentación, caballitos de mar y productos supuestamente afrodisíacos sin ofrecer garantías sanitarias para el consumidor.
A los responsables del establecimiento se les imputan un delito contra la flora y fauna por presunta comercialización de una especie protegida por el Convenio Cites y otro contra la salud pública por el comercio de sustancias que pudieran ser nocivas para la salud.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la actuación se produjo al inspeccionar el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Patrulla Fiscal Territorial (Pafif) una tienda de productos asiáticos. Nada más entrar los guardias civiles al establecimiento, la responsable cogió una bolsa de plástico y la lanzó a un establecimiento contiguo, aunque fue recuperada de forma inmediata por los agentes.
En el interior de la bolsa había 34 especímenes desecados, 26 machos y ocho hembras, pertenecientes todos ellos a la especie ‘Hipocampus reidi’, denominado caballito de hocico, y que son especies incluidas en el Apéndice II del Convenio Cites. Desde el año 2013 estas especies figuran en la Lista Roja de Especies amenazadas de la IUCN (Internacional Union for Conservation or Natrue ans Natural Resources), motivo por el que la responsable del establecimiento pretendía deshacerse de los mismos. Dichos especímenes son muy apreciados en la medicina tradicional asiática por sus supuestas propiedades afrodisíacas.
Durante la actuación también se intervinieron 900 dosis de productos con propiedades supuestamente afrodisíacas y terapéuticas y que no ofrecían garantías sanitarias alguna, con etiquetado completamente en chino, por lo que tras su incautación se remitieron para su análisis a la Agencia Española del Medicamento.
Por esto, se procedió a investigarles como presuntos autores de un delito contra la salud pública, por el comercio de sustancias que pudieran ser nocivas para la salud.
Las diligencias policiales, junto con los investigados y efectos intervenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de guardia del Puerto de Santa Maria y de la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz.