Todos los grupos parlamentarios de la Cámara Autonómica, a excepción del Partido Popular que ha votado en contra, han respaldado, la iniciativa del PSOE en defensa del sector de la estiba. La demanda que la cámara andaluza cursará al Gobierno central insta a la retirada del decreto actual considerado una absoluta imposición, y la apertura de un nuevo proceso de negociación a tres bandas entre Ministerio, patronal y representantes de los trabajadores que dé lugar a una solución consensuada para la adaptación del sector de la estiba a las exigencias europeas.
En su iniciativa, el PSOE pretende salvaguardar la subrogación de los trabajadores, de modo que, según lo aprobado, el Parlamento de Andalucía ha manifestado su apoyo a que se garantice, en el marco de la negociación, la continuidad en el empleo a los trabajadores actuales, asegurando su futuro laboral sin pérdida de derechos adquiridos así como que se habilite un marco para la negociación colectiva en el ámbito sectorial estatal.
Junto a esas dos posiciones de partida esenciales para resolver la situación, los grupos políticos excepto el PP han respaldado que se permita la adaptación de la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) en un periodo de seis meses al nuevo modelo de estiba y se inicien programas de apoyo a la reordenación del sector. En el mismo sentido, la mayoría de los grupos se han mostrado favorables a que el Gobierno de la Nación elabore una norma que incluya un proceso formativo específico para el sector de la estiba que garantice la seguridad y la prestación del servicio y se delimiten los centros profesionales de empleo a las empresas del sector de la estiba.
La parlamentaria socialista, Rocío Arrabal ha insistido en que se trata de “un conflicto creado por el Gobierno de la Nación, por la posición inamovible del ministro De la Serna, que “pretende despedir a los trabajadores indefinidos, imputando indemnizaciones a las espaldas de las arcas públicas, siendo un sector que recibe sus salarios según convenio de las empresas privadas que operan en los puertos, y que llevan años funcionando según la Ley de Puertos del Estado que fue aprobada con consenso político y social, con un modelo productivo que es el más potente de toda Europa”.