Los estibadores recuerdan a la Comisión Europea que no se puede usar dinero público para despidos

El coordinador de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, ha advertido este martes a la Comisaria de Transportes de la Unión Europea, Violeta Bulc, de que dentro de las políticas de la Comisión Europea “no está usar fondos públicos para despedir trabajadores con contratos indefinidos y crear empleo precario”.

“Le hemos preguntado directamente y no ha sido capaz de desmentirlo”, ha explicado en declaraciones a los periodistas tras reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Goya ha insistido en que hay “alternativas” a ese modelo y “varias posibilidades” para cumplir con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, y en ese sentido, sostiene que “la solución no pasa por la precariedad”, si bien ha coincidido con Bulc en que el Gobierno “ha tardado demasiado y tenía que reformar la ley antes”.

Sobre el aplazamiento de la votación en el Congreso, ha señalado que es el reconocimiento de que el Gobierno “no tiene apoyos suficientes”, al tiempo que ha mostrado su preocupación porque “no hable” de fórmulas de solución y se circunscriba a un conflicto “empresa-trabajadores” que está bloqueado hasta saber qué ocurre con el Real Decreto Ley.

“La única solución es que el Ministerio se siente en la mesa de negociación y garantice la subrogación de los trabajadores y las condiciones de sus empleos”, ha explicado.

En cuanto al plan de ayuda a la reconversión de la estiba anunciado por el Ministerio de Fomento, ha criticado que no les “han pasado nada”, solo el texto del Real Decreto, que se centra en la subvención pública para despedir trabajadores.

“Si hablan de reconversión será de algún puerto con excedente de personal, pero eso no es definir el modelo ni como quedan las empresas y los trabajadores tras el Real Decreto”, ha apuntado.

Goya ha puntualizado que los paros que arrancan este viernes se mantienen, aunque no ha ocultado que puede haber margen para la negociación tras el aplazamiento de la votación en el Congreso.

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