Veintiocho empresas estibadoras más, Acciona Trasmediterránea y Noatum Terminal Valencia, entre ellas, se han sumado a las dieciocho que ya habían firmado el acuerdo suscritos con los sindicatos (Coordinadora, UGT y CCOO) para la reforma de la Ley de Puertos, conforme a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.
Los agentes sociales y las empresas firmantes consideran, que el acuerdo es la mejor manera de reformar un modelo que, desde el consenso, tan buenos resultados ha dado a la industria española. Los estibadores siguen con la misma disponibilidad al pacto con el Ministerio de Fomento que le anunciaron a la exministr, Ana Pastor en febrero de 2015.
Tanto las empresas como los trabajadores defienden que el acuerdo rubricado entre ellos, en el que se contempla un registro de estibadores puesto a disposición de las compañías en cada puerto, cumple de manera clara la sentencia europea, ya que esta indica en el apartado 44, que el Convenio 137 de la OIT no es incompatible con el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que hace referencia a la libertad de establecimiento.
El apartado 44 de la sentencia dice que, «las disposiciones del Convenio nº 137, relativas a las repercusiones sociales de los nuevos métodos de manipulación de cargas en los puertos, en ningún caso obligan a los Estados miembros que han ratificado dicho Convenio a imponer restricciones como las previstas en el régimen portuario español». Asimismo, el Convenio nº 137 de la OIT expome que «la política nacional deberá estimular a todas las partes interesadas a que, en la medida de lo posible, se asegure el empleo permanente o regular de los trabajadores portuarios». Además, añade que «deberán establecerse y llevarse registros para todas las categorías de trabajadores portuarios en la forma que determinan en la legislación o práctica nacionales» y así, «los trabajadores portuarios registrados deberán tener la prioridad para el trabajo portuario».
Estas son algunas de las bazas que los representantes de los trabajadores van a esgrimir en la mesa que las partes van a compartir, este martes, en el Ministerio de Fomento, donde se ha fijado una nueva reunión para que empresas y sindicatos hagan sus aportaciones al proyecto de Real Decreto redactado por el Gobierno.
El sindicato Coordinadora insiste en que la propuesta de consenso entre estibadores y empresas cumple lo exigido en la sentencia, por lo que califica el Real Decreto que se pretende aprobar como una opción política y no el estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Europeo. Así lo han aseverado también, en sus distintos informes, diferentes expertos jurídicos a los que se envió el proyecto de reforma antes de pasarlo a la firma.