El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se ha referido públicamente a la problemática existente en la estiba española, con cuyos principales actores tiene este viernes una cita confirmada con la reforma de la misma sobre la mesa.
De la Serna asegura que esta sentencia está «a punto de fallarse» y supondría una multa de 134.000 euros al día «para el bolsillo de todos los españoles», durante un periodo de tiempo indefinido. «Además, constituiría la primera ocasión en que España incumple el Tratado de la UE», remarca durante una visita a obras ferroviarias en el sur de Madrid.
Sobre quién tiene la última palabra en todo este proceso, el ministro quiso recordar que «no es el Gobierno el que decide hasta dónde tiene que llegar la reforma, sino que es la Comisión Europea la que decide». «Hacemos lo que la Comisión nos permite hacer», remarca; «estamos atados de pies y manos», concluye.
El ministro ha recordado que Europa ya ha rechazado la reivindicación de los estibadores de articular un registro de los trabajadores del ramo y contar con más de tres años para abordar el proceso de cambio en el sector. A pesar de ello, aboga por continuar dialogando hasta el próximo viernes. Así, avanza que a lo largo de la jornada de este jueves entregará a la patronal y sindicatos el texto del Real Decreto Ley de reforma de la estiba redactado por el Ministerio y que este viernes representantes de Fomento se sentarán con la patronal Anesco y los sindicatos Coordinadora, CCOO, UGT y CGT.
La reforma planteada por Fomento pretende romper el monopolio que los 6.150 estibadores españoles tienen sobre el sector básico para la economía, dado que los puertos canalizan el 85 por ciento de las experotaciones y el 65 de las importaciones del país. Para ello, el proyecto dará un plazo de tres años para que desaparezcan o se reconviertan en ETT´s las sociedades de servicios portuarios (Sagep), firmas de las que actualmente dependen todos los estibadores y controlan su contratación por parte de las empresas que utilizan los puertos.