11 de diciembre de 2014. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea obliga al Reino de España a modificar la legislación portuaria que regula la prestación del servicio de manipulación de mercancías en los puertos españoles.
26 de febrero de 2015. Reunión de Coordinadora y el resto de sindicatos con representación en el sector con la ministra de Fomento Ana Pastor. Es el punto de partida, a instancias de la ministra, de una negociación cuyo objetivo es que la respuesta a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sea una propuesta consensuada entre la Administración y los agentes sociales y empresariales.
20 de abril de 2015. Coordinadora presenta su propuesta de reforma de la Ley, consensuada con el resto de sindicatos, a Ana Pastor. La ministra solicita consensuar la propuesta con Anesco para lograr una posición común y que el documento final satisfaga, además de a Europa, a todo el sector español.
23 y 24 de julio de 2015. Conscientes de que la ejecución de la sentencia es una responsabilidad y una competencia exclusiva del legislador y en respuesta a la audiencia que el Gobierno promovió, la representación patronal y la representación social desarrollaron un proceso de negociación que concluyó con la presentación de un documento denominado “Bases para la elaboración de una propuesta común para la reforma legal del régimen de la estiba en España de 23 de julio de 2015” presentado al Ministerio de Fomento al día siguiente, 24 de julio.
Septiembre 2015 – enero 2017. El periodo pre-electoral de los comicios de diciembre de 2015 y el largo periodo del Gobierno en funciones, no permitió la realización de las modificaciones legales requeridas, dando lugar al acuerdo de la Comisión Europea de instar ante el TJUE la ejecución de la sentencia creándose una grave inseguridad jurídica que perjudica gravemente a todo el sector marítimo portuario y a las empresas estibadoras y sus trabajadores. Sindicatos y Anesco acordaron un texto que quedó pendiente de ratificación por la Asamblea de Anesco el martes 7 de febrero de 2017. Ambas partes consideran que el texto es compatible con el artículo 49 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, y que acata los mandatos específicos del fallo de la STJUE de 11 de diciembre de 2014”
2 de febrero de 2017. El nuevo titular del Ministerio de Fomento comunicó que, como consecuencia del tiempo transcurrido desde que se dictara la sentencia (2014), a fin de evitar la imposición de sanciones a España y agotadas todas las posibilidades de negociación con Bruselas, ha decidido acatar las instrucciones de la “Comisión Europea” respecto al marco normativo de la estiba español y procederá a la tramitación urgente de un Real Decreto-Ley, cuyo texto no facilitó, y sobre el que se informó verbalmente en la propia reunión.