El diputado socialista, Salvador de la Encina, y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Manuel Morón, han mostrado su mutua preocupación por la situación que se vive en el sector de la estiba, de cara al 2017 que se inicia, ya que, dos años después de la sentencia que obliga a España a cambiar el modelo actual, aún no hay un acuerdo definitivo con el Gobierno para responder a la sanción que planea sobre España a partir de febrero de 2017, si no se ha cumplido el mandato del Tribunal de Luxemburgo. Una sanción de 171.000 euros diarios.
De la Encina lamenta que, pese a que existe un preacuerdo entre sindicatos y Patronal que permitiría el cumplimiento de la sentencia, el Gobierno no ha dado los pasos para enviar esa propuesta a la Comisión Europea para su aprobación y eso está generando “inquietud” entre los trabajadores y alerta entre las empresas por la “inseguridad jurídica” que genera la situación.
Hasta ahora, el modelo de estiba de España ha venido funcionando bien y así lo demuestra el crecimiento de los puertos del país, que ronda el 6,5 por ciento, pero esto no puede impedir el cumplimiento del mandato de Europa, que insiste en liberalizar el sector.
Morón ha agradecido a De la Encina que haya querido interesarse por su opinión sobre un tema de tanta trascendencia y le ha trasladado su preocupación por el hecho de que este asunto se haya demorado ya dos años, creando gran incertidumbre entre trabajadores y empresarios y provocando recelos entre posibles inversores, en un momento en que el puerto de Algeciras tiene abierto un importante concurso, como es el de la Fase B de Isla Verde Exterior.
Por otro lado, el presidente de la APBA le he trasladado al diputado socialista su deseo de que este asunto se resuelva no a las bravas sino a través de un consenso entre trabajadores y empresarios, con el fin de que por encima de todo se preserve la paz social en los puertos.
Ante esto, de momento, la Administración parece que está dispuesta a cumplir la sentencia de manera taxativa, haciendo desaparecer a las SAGEPs, liberalizando totalmente el sector de la estiba para reducir así los costes de paso de las mercancías por los puertos, lo que habría tenido que ver con las dimisiones en cadena dentro del comité ejecutivo de empresas estibadoras de la patronal Anesco. No obstante, el preacuerdo existente entre patronal y sindicatos puede salvar las turbulencias que se puedan producir en los puertos, si no se cierra cuanto antes un documento que sea aceptado por los Tribunales europeos.