La petición de la Fiscalía de inahibilitación durante 11 años a Miguel Marín, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, sigue despertando reacciones de todo tipo en la ciudad norteafricana. Por lo pronto, el vicepresidente de la Ciudad y consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo (PP), ha rechazado que vayan a cesarle, al entender que no merece ser castigado «ni once años, ni medio, ni un día» de inhabilitación por la contratación de un arquitecto, que es la pena que pide la Fiscalía.
En este sentido, ha destacado que varias instancias judiciales anteriores no vieron nada irregular en dicha contratación; en concreto el Juzgado de lo Social, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Audiencia Provincial.
El consejero ha salido así en defensa de Miguel Marín, también del PP, después de que el PSOE y Coalición por Melilla (CPM) hayan pedido su dimisión y cese tras la elevada petición fiscal.
Quevedo ha dicho que Miguel Marín «no ha cometido ninguna irregularidad» en la contratación de un arquitecto municipal en su etapa como consejero de Administraciones Públicas al asegurar que «se ha hecho otras veces con las bolsas de trabajo», donde «se llama a la primera persona que está, porque ha aprobado uno o dos exámenes de una oposición».
El número dos del Gobierno de Melilla ha mostrado su convencimiento de que el actual presidente de la Autoridad Portuaria quedará absuelto «porque no vemos ningún ilícito penal, por lo que este tema va a quedar en nada».
Tanto estas declaraciones como la medida de que se le mantenga en el cargo siguen dando que hablar y no se descartan nuevas protestas en contra en las próximas horas.